Oficialismo ratifica la ilegalidad de la investigación, mientras que la bancada opositora insiste en que se trataría de un contrato entre privados e instituciones públicas involucradas.

Por: Camila González

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la comisión investigativa respecto a la presunta compra ilegal de terrenos mapuches según consigna la Ley Indígena adquiridas por el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, parlamentarios iniciaron discusión respecto a la legitimidad de la decisión de la bancada opositora.

Conforme a la Ley N° 19.253 (Ley Indígena), para que una tierra sea indígena, además de los títulos que la propia ley indica, como los títulos de merced, es requisito que personas o comunidades indígenas sean propietarios de ella.

Dentro de lo ocurrido, la discusión despertó la cuestionable capacidad de la Cámara de Diputados de establecer una comisión de investigación acusando un acto entre privados como lo indica oficialismo, o un acto de carácter público apegado a actos de gobierno que incluye un funcionario de gobierno como lo es Ubilla, segùn explica la oposición.

El artículo 52 Nº 1 de la Constitución, establece como función exclusiva de la Cámara de Diputados, la fiscalización de los actos de Gobierno, entregándole para ello diversas herramientas para su ejercicio. Una de ellas es la de crear comisiones especiales investigadoras con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno, a partir de lo establecido, parlamentarios iniciaron disputas respecto a la legalidad de la aprobación de la comisión y si la adquisición de terrenos es considerada un acuerdo entre privados o un acto de gobierno con Ubilla involucrado como representante del Ejecutivo.

Por parte de oposición, el diputado PS Marcelo Díaz, quien forma parte de quienes encabezaron los votos a favor de la comisión declaró que ‘‘ la cámara tiene que ejercer sus facultades dentro de las atribuciones que tiene, entre estas son sus comisiones investigadoras, esto se trata un contrato entre privados pero que pueden estar afectados intereses públicos, no se trata de una compra de cualquier terreno ya que estos pueden estar sujetos a la ley. Ubilla tiene responsabilidad constitucional, lo que lo vincula muy estrechamente con los asuntos de red pública’’.

Por otra parte el diputado FA Giorgio Jackson respaldó la decisión de la Cámara ‘‘tenemos que fiscalizar los actos de gobierno, en este caso hay una evidente falta sistemática que se está incurriendo desde la Conadi y el SAG, Ubilla cabe dentro de los ejemplos que incluyen tareas que van contra la Ley indígena dentro de la compra de terrenos’’ explicó.

‘‘Es súper discutible el informe de la Conadi, cuando un organismo de gobierno se pronuncia sobre un funcionario de alto mando de gobierno al menos uno podría dudar sobre la imparcialidad de ese pronunciamiento’’, respaldó también Andrea Parra (PPD).

De acuerdo a las declaraciones de la bancada opositora, la investigación sería llevada a cabo principalmente a Conadi y SAG como acuerdo con varios casos de compra ilícitas de tierras, partiendo desde la adquisición de terrenos del subsecretario.

Según el director de la CONADI, Fernando Saenz, la compra del subsecretario se habría hecho legal y apegada a la ley, ‘‘”Revisado los antecedentes señalamos claramente que este asunto fue una compra legal y entre particulares, los que fueron debidamente inscritos en el registro público de la Conadi’’, afirmó.

Frente al inicio de la investigación, la diputada del Frente Amplio, Karol Cariola declaró ‘‘Es importante investigar cuáles fueron las circunstancias de la compra y el objetivo de compra de terrenos, lo que permitirá concluir la discusión aplicando las medidas y sanciones en términos políticos y judiciales si la situación lo amerita’’.

Sin embargo, la bancada oficialista afirma que aprobación de la comisión sería de carácter ilegal de acuerdo a las atribuciones correspondientes a la Cámara Baja, según formula la Constitución.

La diputada Ximena Ossandón (RN) se contrapone a la aprobación de la investigación ‘‘las comisiones investigadoras tienen un rol fiscalizador actos del estado y no particulares, aquí hay una equivocación efectivamente porque se trata de actos entre privados, que la justicia haga su trabajo, de esta forma la resolución estaría apegada por dichos de tribunales y no de un tema político como está sucediendo ahora’’ explicó.

Jaime Belollio (UDI), participó de la discusión quién ahondó en que ‘‘No es legal, por eso votamos en contra, una cosa es investigar a Conadi y otra muy distinta es hacer un comisión investigadora para fiscalizar un contrato entre privados, eso no es parte de las atribuciones que tiene la cámara’’. Belollio explicó que han existido compras de terrenos ilegales en el cual Conadi no ha dado declaraciones y se han creado investigaciones correspondientes ‘‘Es  evidente que esta es sólo figuración política por parte de la bancada opositora. No es primera vez que desacatan lo que dice nuestra Constitución’’.

El abogado de la Universidad de Chile José Miguel Bambach explicó que ‘’ para que se forme la acusación tienen que ser no menos de diez ni más de veinte diputados, en cuanto a la acusación de Ubilla, no hay impedimento para que se forme una comisión investigativa en su contra, dado que según el artículo 48 de la Constitución se incluye a la investigación a los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución’’.

Hasta ahora se espera un plazo de 120 días para que la comisión se constituya y se sepa quienes encabezarían la investigación para resolver la acusación que atraviesa el subsecretario del Interior por la compra de los terrenos en la Araucanía.

 

 

 

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