Parlamentarios del Partido Socialista y del Partido Por la Democracia presentaron una reforma constitucional que pretende reforzar los derechos de los consumidores. Este proyecto cuenta con 14 puntos específicos, los cuales plantean modificar los contratos de adhesión entre el proveedor y el consumidor.

El contrato no sería valido en el caso de; que se especifique que el proveedor pueda modificar cláusulas unilateralmente; donde se especifique que el proveedor puede dejar sin efecto una transacción por haber sido cobrado un precio menor; algún contrato que obligue al consumidor entregar un pagaré en blanco junto con un mandato a favor del proveedor; o aquel contrato que  imponga un descuento por planillas de créditos sociales otorgados a personas pensionadas o jubiladas.

En cuanto a los contratos que impongan cobros por la reprogramación de una deuda o cuando se solicite una evaluación comercial para acceder o no a un crédito de consumo, o bien, impongan otorgar mandatos irrevocables, éstos también quedarán como inválidos. Así mismo pasará con los contratos que consideren el silencio del consumidor como aceptación, o en los  cuales el consumidor se adhiera a cláusulas respecto a las cuales no ha tenido oportunidad de tomar conocimiento real.

Esta reforma está propuesta hacia todas aquellas cláusulas que sean consideradas como notablemente injustas o abusivas para los consumidores, se afirmó en el documento

En el informe entregado por los parlamentarios, se deja en conocimiento que estas 14 cláusulas están basadas en las legislaciones de países como Argentina y España, los cuales establecieron condiciones que no pueden formar parte de contratos de adhesión; en el caso que esto ocurriese, éstos serían sancionados con la nulidad.

En el caso de España, según el ranking de denuncias de FACUA, principal asociación de consumidores de la Unión Europea, con 200 mil socios, las denuncias aumentaron un 41,7% sobre el año anterior. Por otra parte, en Argentina los reclamos por parte de los consumidores aumentaron en un 20% en comparación con el año anterior. Sin embargo, según el informe de Información Estadística de Denuncias de Defensa del Consumidor, un 74% de las denuncias presentadas fueron resueltas, es decir, aproximadamente 6.548 casos.

Finalmente, la realidad nacional refleja que las denuncias aumentaron en un 20% en el último periodo. Durante el segundo semestre del año 2017, el SERNAC recibió 29.755 reclamos en contra de las entidades del mercado financiero, mientras que durante el mismo período del año anterior fueron 24.715 casos; información arrojada por el ranking presentado por el Servicio Nacional del Consumidor, en el mes de mayo del presente año. La cobranza extrajudicial y el no revisar dineros mal cobrados fueron los principales motivos de reclamos de los consumidores.

El senador Alfonso de Urresti, uno de los parlamentarios impulsores de esta iniciativa afirmó que este fue creado con la necesidad de elevar la importancia de los derechos del consumidor, esto al entregarle un reconocimiento constitucional. “Así queremos evitar las discusiones que se han visto con el Tribunal Constitucional, que ha limitado las facultades de ley del SERNAC, además de quitarle las facultades normativas y sancionatorias”.  Afirmó el senador, asegurando que el chileno de hoy es empoderado sin embargo, en el país no existen herramientas para sancionar ni fiscalizar adecuadamente, también planteó la “necesidad de entregar una indemnización en un tiempo oportuno”.

Por otra parte, el abogado de la Cámara Nacional de Comercio, Sebastián Hurtado aseguró que el procedimiento judicial que debe ser llevado a cabo antes de proceder el pago efectivo de la indemnización tiene una duración de aproximadamente tres años, “el tema oportuno no se si sea tan real, los procedimientos de ley del consumidor son llevados a cabo en los juzgados de policía local, por lo que duran aproximadamente tres años”, afirmó el abogado, asegurando que para entregar una indemnización en un plazo menor es necesario crear un cambio de orgánica en el sistema. “sería necesario que eleven el derecho vinculado al consumo a la categoría de un derecho fundamental, de esta forma sería amparado por un recurso de protección y el procedimiento sería más rápido” aseguró el abogado especialista.

Actualmente este proyecto se encuentra en el primer tramite constitucional en el Senado.

 

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