El Tribunal de La Haya decidió otorgar una prorroga de tres meses tras una petición de La Paz para entregar su contramemoria que originalmente vence el 3 de julio de 2018. Analistas de ambos países dan sus puntos de vista sobre la medida de la Corte.

Hace dos años (2016) la ex administración de Michelle Bachelet demandó a Bolivia en La Haya para anticiparse ante una inminente queja formal de dicha nación y así tratar de evitar mayores conflictos.

Bolivia dice que Chile debe pagar por todos los años que ha usado el río, que el caudal se le ha desviado su curso intencionalmente para que el país costero pueda aprovechar los recursos del polémico río.

El analista internacional de la U. de Chile, Máximo Quintral, dice que Chile aceptó la prórroga, porque es respetuoso del derecho internacional y la delicada situación en que se encuentra con el vecino país, podría traer una nueva tensión entre las naciones de manera gratuita, es decir, provocar conflicto sin tener razón alguna.

Según el Subdirector del Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile, José Morandé, dice que en caso que Bolivia requiera más tiempo del plazo dado sería sospechoso, porque se podría pensar que sus argumentos serían escuálidos, huecos y de poca relevancia.

Los altiplánicos deben presentar su contramemoria en el plazo dado hasta el 3 de septiembre de 2018 para que la Corte Internacional de Justicia tenga ambas memorias disponibles para analizar y finalmente llegar a una resolución del caso.

Las razones detrás de la decisión de La Paz para pedir más plazo las da a conocer el boliviano y especialista en resolución de conflictos internacionales, Andrés Guzmán, quien dice que Bolivia cuenta con antecedentes que requieren ser expuestos ante el Tribunal, que sin una extensión de plazo quedarían fuera de los argumentos jurídicos y de las ideas centrales de Bolivia.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile anuncian que publicarán un comunicado después que el país andino entregue su contraparte.

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