La acción judicial apunta a la venta de propiedades del Partido Comunista (PC), a la Sociedad de Inversiones Progreso SpA relacionada a un militante.

Por: Francisca Bizzarri

La acción judicial apunta a la venta de propiedades del Partido Comunista (PC), a la Sociedad de Inversiones Progreso SpA relacionada a un militante.

Esta mañana, un grupo de abogados del Partido Regionalista (PRI), encabezados por el abogado y secretario general de la colectividad, Eduardo Salas, presentaron una querella criminal contra el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, y los militantes José Ricardo Solé, Ricardo Enrique Castro y Pablo Andrés González.

Los presuntos delitos atribuidos a los miembros del PC son de celebración de contratos simulados en la venta de un inmueble del partido por $3.500 millones, estafa y falsificación de documentos públicos, vinculado con el uso malicioso de instrumentos públicos falsos.

La demanda se enmarca en los hechos ocurridos entre el 2 de septiembre de 2016 y marzo de 2017, cuando se habrían suscrito los contratos en la notaría de Juan Ignacio Carmona Zúñiga, ubicada en el centro de Santiago.

Tanto Teillier como Solé habrían: “Realizado una serie de contratos simulados desde que se se constituyó  la Sociedad de Inversiones Progreso SpA”, según Eduardo Salas.

Agregó que “se firmaron contratos simulados, la constitución de la sociedad el 2 de septiembre, la sociedad Progreso Spa, que en sí mismo es un contrato, decimos que es simulado porque no fue hecho para entrar al mercado de valores sino que fue creada para vulnerar la ley”.

“Los dirigentes del PC llamaron a estas personas militantes para que constituyeran esta sociedad con el objeto de que esta sociedad, otorgando un mandato a un gerente general en septiembre de 2016. Le otorgó el poder para comprarle las acciones inmobiliarias al PC”, continuó Salas.

La querella además indica que la sociedad se habría realizado para cumplir con lo exigido por la nueva ley de partidos políticos, ya que: “La mayoría de las propiedades de dominio del PC no estaban siendo utilizadas para los fines proselitistas de carácter democrático y que la nueva Ley de Partidos Políticos exige perentoriamente que a lo menos los dos tercios de dichas propiedades deben ser consagrados para dichos fines”, aseguró el secretario general del PRI.

Por otro lado, el abogado penalista, Juan Carlos Leva, se refirió a las penas que podría arriesgar, por esta querella, el timonel del Partido Comunista. “Por contrato simulado podría arriesgar la pena de presidio menor de grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días. La falsificación tienen una pena entre 3 años y un día a 10 años como máximo. La pena de la estafa podría ir de los de los 3 años y un día, hasta 5 años”.

La demanda también apunta a que el Partido Comunista tenía conocimiento de la gran cantidad de bienes inmuebles destinados en su gran mayoría a actividades de lucro, como por ejemplo el arriendo de dichas propiedades. Acciones que se alejan absolutamente de los fines de todo Partido Político democrático.

El analista político, Álvaro Bellolio, se refirió a la manera que podría afectar esta querella al funcionamiento del PC. “El Partido Comunista Chileno siempre ha impulsado la idea de su transparencia, por eso su refrán <<con las manos limpias>>, con una cuestionable superioridad moral con respecto a los otros partidos políticos. Adicionalmente, las demandas han sido el principal mecanismo de ataque político, liderado por Hugo Gutiérrez, y pagado con fondos del parlamento. En ese sentido, la querella le quita credibilidad de cara a la campaña, pero no le afecta su votación dado que estudios demuestran que son los votantes más fieles y <<duros>>”.

 

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